Puerto Plata, RD. – En República Dominicana, miles de familias enfrentan en silencio la compleja realidad de criar hijos con autismo. Aunque los registros oficiales hablan de poco más de 6,000 casos diagnosticados, expertos y asociaciones estiman que la cifra real podría superar los 60,000 niños, muchos de ellos sin atención adecuada debido a un sistema que aún no está preparado para responder a sus necesidades.
La Ley 34-23, que reconoce los derechos de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), representa un importante paso legal, pero su aplicación en la práctica continúa siendo limitada. Faltan recursos, centros especializados y programas gratuitos de apoyo familiar, mientras que el proceso de diagnóstico resulta costoso y poco accesible para la mayoría.
En el ámbito educativo, la situación no es diferente. Las escuelas públicas carecen de personal formado en educación inclusiva y de las herramientas necesarias para integrar de manera efectiva a los estudiantes con autismo. Esta exclusión temprana se traduce en desigualdad, aislamiento y pérdida de oportunidades.
En provincias como Puerto Plata, se hace urgente invertir en formación docente, infraestructura adaptada y servicios de acompañamiento psicológico y terapéutico. Promover la inclusión no solo es un deber moral, sino también un compromiso social con el futuro del país.
El autismo no es una enfermedad. Lo que verdaderamente enferma es la indiferencia. Cada gesto de comprensión, cada aula inclusiva y cada programa de apoyo representan pasos firmes hacia una sociedad más humana y equitativa.
Escuchar, incluir y actuar es el primer paso para que estos niños dejen de ser invisibles.
